La política exterior del gobierno militar peruano (1968-1975) fue un “dolor de cabeza” para el gobierno de los Estados Unidos en un contexto global de debilitamiento de su hegemonía. Las acciones para devolver la dignidad nacional, como la expropiación de la IPC o la defensa de las 200 millas, fueron osadas pero calculadas, ya que no implicaron una subversión radical de la tradicional relación “amistosa” entre ambos países. Los militares entendían que el capital y los préstamos de EE.UU eran indispensables para el desarrollo. Por lo tanto, su política exterior estuvo orientada a superar el bloqueo financiero, impuesto por EE.UU en protesta por la expropiación y no-compensación de la IPC, sin perder las credenciales nacionalistas e independientes del gobierno. Las decisiones que tomaron los militares estuvieron condicionadas por el compromiso nacionalista, el equilibrio de poder dentro del régimen y, principalmente, por la necesidad de promover inversión y préstamos extranjeros.
